El 30 de mayo de este año murió bajo custodia del Estado nicaragüense un hombre de setenta y tres años llamado Brooklyn Rivera. Había sido diputado y era el dirigente histórico del pueblo miskito de la costa caribeña; cuando murió figuraba en el registro de desaparecidos que lleva la Asociación Memoria y Justicia, es decir, llevaba meses sin que su familia supiera dónde estaba ni si estaba vivo. Al día siguiente, seis miembros de esa familia fueron capturados en Managua mientras intentaban reclamar el cuerpo. No hay pueblo conocido sobre la tierra que no entierre a sus muertos; el gesto es tan antiguo como la especie y precede a cualquier ley escrita. Un Estado que detiene a quienes van a buscar un cadáver ha cruzado una frontera que ya no admite matices administrativos, y conviene tener esa escena presente antes de discutir principios, porque los principios se discuten siempre en abstracto y siempre se aplican sobre alguien.
La discusión llegó esta semana. El 19 de agosto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó, con veintinueve votos a favor, uno en contra y una abstención, convocar una reunión urgente de cancilleres para examinar el plan del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de excluir a la oposición de las próximas elecciones. Brasil votó en contra. México se abstuvo, y su representante ante el organismo, Alejandro Encinas, sostuvo que la situación interna nicaragüense no constituye una amenaza a la paz o la seguridad del hemisferio y que la OEA podría exceder sus facultades al abordar los asuntos internos de un Estado que, además, dejó de pertenecer a ese foro en noviembre de 2023. Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la postura invocando la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Y el 21 de agosto, el diario mexicano La Jornada publicó un editorial institucional que razona esa posición con una franqueza que merece reconocimiento antes que réplica.
Merece reconocimiento porque no disimula. El editorial llama a la cosa por su nombre: describe al gobierno de Managua como «un régimen indefendible que reprime, censura, persigue de manera implacable a sus opositores, confisca propiedades sin otra base que las críticas de sus dueños y hasta se arroga la facultad de quitar la nacionalidad a quienes le incomodan». No hay ahí ninguna coartada, ninguna simetría cómoda, ninguna de esas fórmulas que sirven para no decir nada. El texto concede además que el pueblo nicaragüense padece una «sofocante opresión», y sobre esa concesión levanta su conclusión: «lo que procede no es desatar el mal del imperialismo contra el mal de la dictadura, sino buscar las vías para que sean los propios nicaragüenses quienes decidan cómo gestionar sus problemas y moldear su futuro».
Ahora bien, esa última frase contiene una palabra que hace todo el trabajo y que el editorial no examina: decidir. Conviene detenerse ahí, porque la propuesta es impecable en abstracto y hay que preguntarse, con los papeles delante, con qué instrumento concreto se supone que un nicaragüense decide hoy algo. La respuesta no depende de la opinión que a uno le merezca Washington. Es un inventario, y es breve.
No decide votando. Las últimas elecciones generales se celebraron en 2021, con los principales precandidatos presos. Las siguientes debían celebrarse en noviembre de este año, pero la reforma constitucional que la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en enero de 2025 amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y las corrió a noviembre de 2027, extendiendo de paso el período de la pareja gobernante hasta enero de 2028. Esa misma reforma convirtió a Rosario Murillo en copresidenta, facultó al ejecutivo para «coordinar» a los otros poderes del Estado —lo que en castellano llano significa que ya no hay otros poderes— y legalizó la revocación de la nacionalidad. El 20 de julio de este año, Ortega declaró que «no volverá a haber elecciones», y precisó el motivo: «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder». Días después el gobierno matizó que sí las habrá, bajo un «nuevo marco constitucional», y la Asamblea quedó encargada de aprobar a comienzos de septiembre una reforma parcial que excluye de los comicios a los opositores desnacionalizados, calificados de traidores a la patria.
Repárese en la mecánica de esos dos últimos pasos, porque es de una perfección sombría: primero se despoja de la nacionalidad al adversario y después se le prohíbe votar por carecer de nacionalidad. El círculo se cierra sobre sí mismo sin que en ningún momento haya que reconocer que se está prohibiendo votar a la oposición. Cuatrocientas cincuenta y dos personas han sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad desde 2023, según el informe anual de Human Rights Watch, y muchas han quedado apátridas, esto es, sin ningún Estado en el mundo que las reconozca como suyas.
Tampoco decide asociándose. Más de cinco mil quinientas organizaciones civiles fueron canceladas hasta noviembre del año pasado, alrededor del ochenta por ciento de todas las que operaban legalmente en 2018: cooperativas, colegios profesionales, fundaciones de asistencia, asociaciones de vecinos, entidades de caridad sin ninguna actividad política. Tampoco decide informándose ni informando: al menos cincuenta y ocho medios de comunicación han sido clausurados y doscientos noventa y tres periodistas huyeron del país entre 2018 y mediados del año pasado. Tampoco decide reclamando ante un juez, porque el propio texto constitucional puso al poder judicial bajo la coordinación del ejecutivo. Y tampoco decide, en un número creciente de casos, permaneciendo en el país: más de trescientas cuarenta y dos mil personas solicitaron asilo en el extranjero en ese mismo período, sobre una población que no llega a siete millones.
Queda el último cauce, el que precede a todos los demás, que es simplemente seguir vivo y libre. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentó al 31 de julio de este año sesenta personas privadas de libertad por razones políticas: cincuenta y un hombres y nueve mujeres. Quince de ellas son adultos mayores. Y veintitrés se encuentran en condición de desaparición forzada, ocho de las cuales son ancianos: el Estado las detuvo y luego negó tenerlas, de modo que sus familias no saben si visitarlas, si defenderlas o si llorarlas. Al menos cuatro presos políticos han muerto bajo custodia según ese mismo registro, y entre ellos figura Humberto Ortega, hermano del presidente y jefe histórico del ejército, lo que da la medida exacta de hasta dónde se ha estrechado el círculo de lo tolerado. El grupo de expertos en derechos humanos que la Organización de las Naciones Unidas mantiene sobre Nicaragua, y cuyo mandato el Consejo de Derechos Humanos prorrogó por dos años el pasado abril, ha concluido que existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad: asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, deportación forzada y persecución por motivos políticos.
Con ese inventario a la vista, la frase «que sean los propios nicaragüenses quienes decidan» cambia de naturaleza. Sigue siendo verdadera como principio y se vuelve inaplicable como remedio, porque describe una facultad que ha sido sistemáticamente demolida durante ocho años, pieza por pieza, y esa demolición es precisamente el hecho que se está juzgando. Invocar la autodeterminación de un pueblo al que se le han retirado todos los mecanismos por los cuales un pueblo podría determinarse produce un efecto involuntario y grave: el principio conserva intacto su nombre y cambia silenciosamente de titular. Deja de proteger la voluntad de un pueblo entero y pasa a proteger la de quienes ocupan el palacio. La no intervención, que existe para que los pueblos no sean tratados como territorios, termina amparando a quien trata a su pueblo exactamente así.
Hay que hacerse cargo, en honor a la verdad, de la parte del editorial que tiene razón, y tiene bastante. La OEA no es un árbitro imparcial: veintinueve votos alineados con la posición de una sola potencia no describen un cuerpo deliberante. El contraste con el trato dispensado a otros gobiernos de la región que también encarcelan sin pruebas y también concentran el poder es real y no admite defensa. Y la advertencia sobre lo que ocurre cuando un país cae en la órbita de una potencia que promete ordenarlo merece tomarse en serio, porque hay experiencia acumulada y no es alentadora. Todo eso puede concederse entero.
Lo que no se sigue de ahí es la conclusión. De la parcialidad de quien acusa no se deduce la inocencia del acusado: un tribunal sesgado que condena a un culpable no vuelve inocente al culpable, y el examen de los motivos del denunciante es una cuestión distinta del examen de los hechos denunciados. Confundir ambas cosas es el movimiento que sostiene todo el razonamiento, y se ve en la proporción del propio texto, que dedica la mayor parte de su extensión a auditar a quien señala y una sola frase, de paso, a los señalados. Los veintitrés desaparecidos no aparecen. No aparecen porque el editorial no los oculta —sería injusto sugerirlo—, sino porque la pregunta que organiza la pieza no es qué le ocurre a un nicaragüense sino qué pretende Washington, y una pregunta mal centrada devuelve siempre una respuesta bien construida sobre el objeto equivocado.
Queda el segundo movimiento, el de la disyuntiva: o el mal del imperialismo o el mal de la dictadura. Presentada así, la elección es fácil y también es falsa, porque entre la flota y el silencio existe un territorio ancho y perfectamente transitado. Documentar y publicar. Sostener los mecanismos internacionales de verificación, que son los que produjeron cada una de las cifras citadas en esta nota y que ningún portaaviones ha necesitado. Exigir prueba de vida de veintitrés personas, una por una, con nombre y edad. Recibir a los exiliados y darles papeles. Amparar a los apátridas, que es una obligación jurídica y no un favor. Acompañar a las familias que denuncian sabiendo que denunciar les cuesta amenazas, como recordó Thelma Brenes al pedir públicamente por su padre, el militar retirado Carlos Brenes, preso. Negarse a llamar elección a lo que se celebre en 2027 si se celebra sin adversarios. Ninguna de esas acciones es una intervención armada; varias de ellas son, de hecho, lo contrario, porque fortalecen a la sociedad civil nicaragüense en lugar de sustituirla. Sostener que sólo caben las bombas o la abstención es reducir a dos un conjunto de opciones mucho más amplio, y elegir después la peor de esas dos para justificar que no se haga nada.
Un apunte de precisión, sin ánimo de disputa. El editorial describe la posición mexicana como «el voto de nuestro país en contra» de la resolución y afirma que sólo México y Brasil mantuvieron posturas independientes. Según las crónicas de la sesión publicadas por Infobae y Aristegui Noticias, y según la propia defensa que la presidenta hizo al día siguiente, México se abstuvo; el único voto en contra fue el de Brasil. La diferencia entre abstenerse y votar en contra es pequeña en el resultado y no lo es en el argumento: una abstención es exactamente la figura que el derecho parlamentario reserva para no tomar posición, y un texto que reivindica una decisión de principio se apoya mejor en el registro exacto de lo que se decidió.
Nada de esto se resuelve desde fuera, y ahí el editorial acierta de nuevo. El futuro de Nicaragua lo escribirán los nicaragüenses, y será mejor cuanto menos deba a la tutela de nadie. Pero para que un pueblo escriba su futuro tiene que poder reunirse, publicar, discrepar, litigar, presentarse a una elección y, en el caso más elemental, enterrar a sus muertos. Cada una de esas facultades ha sido suprimida por un acto administrativo con fecha y número, y la lista de esos actos es pública. Devolverle a ese pueblo la posibilidad de decidir no es intervenir en sus asuntos: es la condición previa para que sus asuntos vuelvan a ser suyos.
La reunión de cancilleres se celebrará y muy probablemente no cambiará nada. La Asamblea Nacional votará en septiembre y aprobará lo que le pidan. Entre una cosa y otra seguirá habiendo veintitrés personas de las que nadie sabe nada, ocho de ellas ancianas, y una familia miskita que un día de mayo fue a reclamar un cuerpo y terminó detenida. La exigencia mínima que cabe formular no requiere ejércitos ni doctrinas de política exterior, y por eso mismo no admite excusa: que alguien diga dónde están, y que quienes puedan preguntarlo no se cansen antes que quienes esperan la respuesta.
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