Ossama Zitouni cruzó a nado los cuatro kilómetros que separan Castillejos de Ceuta el 29 de julio, con un poco de ropa, un teléfono y una tarjeta de crédito. Tiene veintiséis años, trabajaba de cocinero en un restaurante de Casablanca por unos trescientos cincuenta euros al mes y con ese sueldo vivían cinco personas: él, su padre, su madre y dos hermanas, una de doce años y otra de veinte. Aprendió inglés viendo la televisión y lo habla bien. Horas después de que él llegara, la frontera dejó de ser un goteo y se convirtió en otra cosa: entre setenta mil y ochenta mil personas pasaron de Marruecos a España en cuestión de días, casi tantas como habitantes tiene la ciudad que las recibió. Conviene detenerse en esa proporción antes de seguir, porque ninguna categoría política resiste su peso: no hay municipio en Europa capaz de duplicar su población en una semana sin romperse.
Veintitrés días más tarde, el recuento que manejan las fuerzas de seguridad y que publicó este viernes El Mundo es el siguiente. La inmensa mayoría de quienes cruzaron regresó a Marruecos, unas setenta y dos mil personas según el mismo recuento, muchas por su propio pie al comprobar que España no las iba a acoger. Unas diez mil se quedaron. De ellas permanecen hoy en Ceuta alrededor de ocho mil, de las cuales mil quinientas están alojadas en los dos dispositivos levantados por el Gobierno —las ochocientas plazas del centro de estancia temporal y las mil ochocientas improvisadas en carpas—, mientras seis mil quinientas deambulan por la ciudad sin comida, sin higiene y sin encuadre administrativo alguno. Dos mil quinientas de esas seis mil quinientas se han internado en los bosques, en chozas de cañas, decididas a esperar. El periodista Quico Alsedo, que subió a buscarlas, las llamó maquis, y la palabra tiene la exactitud incómoda de las que describen bien.
El itinerario político de esas tres semanas se puede reconstruir con declaraciones fechadas, y merece la pena hacerlo porque explica más que cualquier análisis. El 30 de julio, el día de la avalancha, el Ministerio del Interior emitió un comunicado que calificaba de «ejemplar» la «colaboración» de Marruecos y anunciaba el compromiso de entregar «lo antes posible» a todas las personas que habían entrado. El 11 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, elevó la promesa a su forma máxima: «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos». Esa misma noche, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, concedió una entrevista a la cadena Asharq News en la que reivindicó la soberanía de su país sobre Ceuta y Melilla, reprochó a Madrid su proceso de regularización extraordinaria y exigió la entrega de los menores marroquíes que seguían en la ciudad. Desde entonces las devoluciones se detuvieron. El ministro del Interior pasó a hablar de «la inmensa mayoría» en lugar de todos, y de expedientes de expulsión en lugar de devoluciones, que son procedimientos más largos y que por ley no alcanzan ni a los solicitantes de asilo ni a los menores de edad. Este viernes, veintidós días después de la entrada masiva, el Gobierno designó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como mando único de la crisis.
Hay en esa secuencia una premisa que nadie ha examinado en voz alta y que sostiene todo lo demás: la idea de que la frontera sur de España se gestiona mediante buenas relaciones con Rabat. Es la segunda vez en esta legislatura que el cálculo falla. Madrid modificó su posición histórica sobre el Sáhara Occidental y reconoció la propuesta de autonomía marroquí en el convencimiento de que esa concesión compraría un control efectivo del paso; la avalancha del 30 de julio demostró que no compró nada duradero. Y la respuesta marroquí a la exigencia española no ha sido un endurecimiento del control, sino una reclamación de soberanía sobre las dos ciudades. Ante lo cual el Gobierno pasó, en veinticuatro horas, del elogio a la advertencia, y trasladó por canales diplomáticos que «Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas frontera de España y de la Unión Europea» y que rechazará «tajantemente cualquier planteamiento distinto». La frase es correcta y llega tarde: se afirma la soberanía sobre un territorio cuyo acceso lleva tres semanas decidiéndose en otro país.
Porque ése es el dato duro, y no es de opinión. Quien abre y cierra el paso no está en Madrid. Cuando Marruecos coopera, las devoluciones se ejecutan en masa; cuando decide no cooperar, se detienen, y llega a rechazar incluso la repatriación de los cadáveres. España, entretanto, no puede trasladar a esas personas a la Península porque el marco europeo no se lo permite, ni alojarlas a todas en una ciudad de dieciocho kilómetros cuadrados. Un Estado que ha externalizado el control de su propia frontera descubre, cuando el proveedor cambia de humor, que lo que externalizó no era un servicio sino un atributo. Y conviene nombrar también la incoherencia jurídica, porque una casa que exige legalidad a los demás debe exigírsela a los propios: las primeras devoluciones se ejecutaron, según el relato del diario, superado el plazo de setenta y dos horas que fija la Ley de Extranjería, y con menores incluidos. Se prescindió de la ley cuando estorbaba y se invoca ahora que ampara. Las dos cosas no pueden sostenerse a la vez.
Queda lo más difícil, que es mirar a las dos multitudes al mismo tiempo. La discusión pública española ofrece dos maneras de no hacerlo. La primera consiste en disolver a las personas en la cifra: ocho mil, seis mil quinientas, dos mil quinientas, un problema logístico que se resuelve con carpas y autobuses. La segunda consiste en disolver la ciudad en la causa: los ceutíes desaparecen del relato, como si un municipio pudiera absorber a su propia población otra vez sin que a nadie le ocurra nada. Ninguna de las dos operaciones resiste el contacto con lo real. En Ceuta hay mujeres y niñas que llevan veintitrés días sin salir de casa, y eso es un hecho, y ninguna consideración humanitaria lo borra: son personas concretas a las que se les ha retirado la calle. Y en los montes que rodean el centro de estancia temporal hay un cocinero de veintiséis años que mantenía a cinco personas con trescientos cincuenta euros y que ahora espera, escondido, a que pase la tormenta; y una joven de Casablanca, Doha, que estudiaba Comercio, cuya madre murió, y que se ha empeñado en aprender un poco de español porque le gusta. Y hay un tercer chico, cuya historia hubo que traducir del árabe, que no tiene documento de identidad ni siquiera en su propio país: un hombre que jurídicamente no existe en ninguna parte del mundo.
Sostener a la vez las dos cosas no es tibieza, es exactitud. Que la entrada masiva fue un desastre para Ceuta es verdad. Que quienes entraron son personas y no una masa es verdad también. Y de ambas verdades se sigue una tercera, que es la que la política española lleva tres semanas evitando: el problema no se resuelve en la orilla, se resuelve donde se origina. Ossama no cruzó a nado por una ideología. Cruzó porque en su país, según explica, los precios subieron y los salarios no, porque un policía le pidió mil euros de soborno, porque con lo que ganaba se podía comer y nada más, y porque leyó en las redes que España sacaría del agua a todo el que se tirara. Una frontera puede detener a un hombre; no puede corregir la razón por la que ese hombre se arrojó al mar. Un país vecino que dedica recursos a proyectar poder mientras sus jóvenes titulados calculan que les compensa nadar cuatro kilómetros tiene un problema propio que ninguna valla europea va a resolverle, y una diplomacia que se limita a pagar contención está financiando la permanencia de ese problema, no su solución.
Ossama dice que tiene dinero ahorrado y que puede aguantar meses. Hace cuatro días el Ejército peinó los montes donde se esconde; se llevaron sus cosas y, cuenta, alguien lo insultó. Sigue allí, en una choza de cañas, con el bosque alrededor, la basura acumulándose y, al fondo, el Estrecho, desde el que estos días se ven con nitidez Gibraltar y la Península que no ha alcanzado. Su plan, dice, es aguantar hasta conseguir un trabajo en Ceuta y pedir asilo, aunque no sabe qué exige la ley española para concederlo. Lo que ocurra con él y con los otros dos mil cuatrocientos noventa y nueve del monte cuando cambie el tiempo es una pregunta con fecha de vencimiento, y llegará antes de que la diplomacia encuentre su fórmula. Que un ministro haya asumido por fin el mando único es una noticia menor comparada con la que sigue pendiente: si España está dispuesta a recuperar el control de su frontera en vez de alquilarlo, y si, mientras lo decide, es capaz de tratar como personas a las dos multitudes que hoy comparten, sin mirarse, la misma ciudad rota.
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