Conviene empezar por los nombres que no tenemos. El balance oficial nepalí de este viernes 28 de agosto cifra en quinientos setenta y nueve los muertos, en mil cuatrocientos setenta y tres los heridos y en mil novecientos veinticuatro las personas de las que no se sabe nada; al otro lado de la frontera, en el condado tibetano de Gyirong, hay cinco muertos confirmados y quinientos cincuenta y ocho desaparecidos. Entre los ausentes figuran seiscientos sesenta y ocho extranjeros de treinta y cuatro países, y también cuarenta y cuatro militares nepalíes, veintiocho policías, quince empleados de aduanas y cuatro de inmigración: gente que estaba en su puesto de trabajo a las ocho y media de la mañana. Los cuerpos se han recuperado hasta doscientos cuarenta kilómetros aguas abajo, ya en llanura, algunos en el estado indio de Uttar Pradesh. Digo esto primero porque la magnitud de las cifras tiene el efecto perverso de anestesiar, y porque cada una de esas mil novecientas ausencias es una familia que esta noche no cierra la puerta con llave por si acaso. La ley moral no admite el plural abstracto: no ha muerto una estadística, han muerto personas, una por una, y cada una era un mundo entero e irrepetible.
El mecanismo físico, en cambio, sí conviene entenderlo con frialdad, porque en el detalle técnico está la lección. No hubo terremoto. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha establecido que la señal sísmica de magnitud 5,2 registrada a las 02:52 UTC no precedió al desprendimiento, sino que fue generada por él: la montaña no cayó porque temblara el suelo, el suelo tembló porque cayó la montaña. Un sector de glaciar sin nombre, de unos seiscientos diez metros de anchura, se desprendió a unos cinco mil doscientos metros de altitud en las inmediaciones del Langtang Lirung y se precipitó mil doscientos metros hasta el fondo del valle. La fricción y la velocidad fundieron el hielo en el propio descenso; la masa resultante de agua, roca y barro bajó por el Lhende Khola a unos cincuenta metros por segundo —ciento ochenta kilómetros por hora—, taponó el cauce, reventó su propio dique y recorrió setenta y dos kilómetros del Trishuli. El río subió nueve metros en media hora. Hay asentamientos golpeados ochenta metros por encima del nivel del agua. Las cámaras de vigilancia del paso fronterizo de Gyirong lo registraron destruyéndose siete minutos después de la sacudida. Siete minutos: ese era todo el aviso disponible, y nadie estaba mirando el sitio donde había que mirar.
Y aquí está el dato que este periódico considera el verdadero titular, y que la mayoría de las crónicas ha situado en el penúltimo párrafo. Existía un sistema de alerta temprana de crecidas súbitas, acordado entre China y Nepal, y falló por dos motivos que no son mala suerte. El primero es que estaba calibrado para el riesgo equivocado: optimizado para detectar riadas monzónicas y crecidas estacionales, es decir, para la catástrofe que se conoce y se repite, no para un desprendimiento glaciar de alta montaña. El segundo es más elemental y más duro: las estaciones de vigilancia nepalíes fueron arrastradas por la propia avenida antes de poder emitir el aviso. El instrumento destinado a advertir del peligro fue destruido por el peligro del que debía advertir. Los propios responsables han descrito la zona como un punto ciego de la vigilancia geológica, una comarca a la que la ciencia dedicaba poca atención pese a que en 2015 un desprendimiento en ese mismo macizo del Langtang sepultó a más de trescientas cincuenta personas. Once años después, el corredor seguía habitado, seguía siendo paso de comercio y peregrinación, y seguía sin sensores.
Sobre esa constatación se ha desplegado, con la puntualidad de siempre, el debate que consuela sin obligar a nada. Que el calentamiento del permafrost degrada el pegamento criosférico que mantuvo unidas roca y hielo durante milenios es razonable y probablemente cierto; que los glaciares del Himalaya perdieron masa un sesenta y cinco por ciento más rápido entre 2011 y 2020 que en la década anterior es un dato serio; que los propios científicos advierten que la atribución directa de este episodio concreto sigue sin establecerse es también parte del expediente, y omitirlo no es rigor, es propaganda. Pero repárese en la estructura del razonamiento. La causa que se proclama es planetaria, difusa, de horizonte secular y sin responsable con nombre; la causa que se calla es local, concreta, presupuestaria y perfectamente imputable: no se instrumentó un valle que ya había matado, no se auditó el riesgo glaciar de las seis centrales hidroeléctricas construidas en el corredor —cuatrocientos treinta y un megavatios que hoy han desaparecido de la red—, no se rehízo el sistema de aviso después del desastre anterior. Es mucho más cómodo declararse culpable de una civilización que responsable de un expediente. La cumbre exculpa; el informe técnico condena.
Un lector español no necesita que le expliquen esta secuencia, porque la reconoce. Aquí también hubo un sistema de aviso que existía sobre el papel, un barranco cuyo comportamiento era conocido desde antes de que nadie hablara de emisiones, y un mensaje al teléfono móvil que llegó cuando el agua ya estaba en el garaje. Y aquí también, apenas asentado el barro, la discusión pública ascendió con rapidez notable desde la pregunta incómoda —quién tenía el deber de avisar, con qué datos, a qué hora y por qué no lo hizo— hasta la pregunta inofensiva sobre el clima del siglo, en cuyo terreno todos podemos indignarnos sin que nadie tenga que responder por nada. La analogía no sirve para importar culpas ajenas ni para hacer politiquilla con muertos nepalíes: sirve para nombrar un vicio de época que se repite en latitudes opuestas y bajo gobiernos incomparables. Llamémoslo por su nombre: la sustitución del deber concreto de vigilar por la profesión de fe en un modelo. Se ha depositado en la capacidad predictiva de la técnica una confianza de naturaleza casi religiosa, y esa confianza mal colocada ha resultado ser lo contrario de la prudencia: la prudencia clásica exige prever el mal probable y prepararse para el imprevisto, mientras que la fe en el modelo se acuesta tranquila porque el modelo no contemplaba esto. La montaña no leyó el modelo.
Queda el capítulo del que casi no se habla, y que en las próximas semanas será el decisivo. Las autoridades chinas advirtieron el 27 de agosto de la formación de un lago de barrera de unos dos millones de metros cúbicos en la confluencia del Chhochen Khola con el Purepu Tsangpo; desbordó ligeramente el día 28 y el nivel ha cedido diez metros, de modo que el riesgo inmediato de rotura ha bajado, no desaparecido. Es decir: el mismo mecanismo que produjo la catástrofe —un tapón natural que embalsa y luego revienta— está montado de nuevo aguas arriba de una población que acaba de perder cuarenta y un puentes, cuarenta y dos kilómetros de carretera y las estaciones que debían medir precisamente esto. Mientras tanto se ha rescatado a más de tres mil setecientas personas, más de nueve mil efectivos trabajan sobre el barro, ha llegado ayuda de India, Bangladés, Pakistán, Corea del Sur, Reino Unido, la Unión Europea y el Banco Asiático de Desarrollo, y el Gobierno nepalí ha declinado los equipos extranjeros de búsqueda alegando los problemas de coordinación que arrastró del terremoto de 2015 —decisión discutible que merecerá su propio examen, y que hoy nadie en Katmandú está en condiciones de discutir con serenidad. Lo que corresponde ahora es lo que corresponde siempre y en ese orden: socorrer al que puede ser socorrido, enterrar con nombre y con rito a los que se puedan recuperar, sostener a quien ha quedado sin nadie. Y después, sin coartadas planetarias, poner sensores en el valle. Ninguna de las dos cosas es opcional, y la primera no dispensa de la segunda: la caridad atiende la herida, pero solo la justicia impide la próxima.
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